Impuestos verdes: la lucha del sector agroindustrial previa a la crisis de Iansa
—Tres años son los que ha venido trabajando el sector agroindustrial para generar algún cambio en los impuestos verdes que se les aplica desde enero de 2017, ya que para ellos es “un mal impuesto”, porque las empresas pagan más de 40% de gravamen a la renta.
Y en el gobierno anterior tal fue el avance, que lograron llegar a conformar una mesa técnica con los ministerios de Hacienda, Economía y Medio Ambiente, carteras que, según el director de ChileAlimentos, Juan Manuel Mira, “reconocieron que había un efecto colateral no deseado, que era afectar a empresas industriales que operan sus calderas tres meses en el año”. Lo anterior, porque la regulación establece un límite de 50MWt, sin diferenciar entre los meses del año en que se emite.
Sin embargo, todo quedó en nada, luego de que Valdés y Céspedes dejaran sus respectivos ministerios.
Esperaron un par de meses para que se concretara la instalación del nuevo gobierno y el arribo de los senadores y diputados, y volvieron a la carga. Así, en abril comenzaron las reuniones con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y su jefe de gabinete; con el ministro de Economía, José Ramón Valente, y realizaron presentaciones a la Comisión de Agricultura del Senado.
“Esto no es un tema que inició Iansa, sino que toda la industria agroalimentaria está involucrada y con las respectivas hectáreas de agricultores que están involucradas. Debido al tema mediático y sensible que provoca el tema del cierre de la planta de Iansa, el gobierno ha afirmado su postura en favor de una modificación y esperamos que así sea”, dice Mira.
De hecho, en Hacienda indican que el tema está en estudio, pero no para eliminarlo, sino adaptarlo.
El director de ChileAlimentos es optimista y asegura que esperan que la modificación a la Ley 20.780 se realice entre los anuncios antes de septiembre, “con las medidas que permitan y contemplen estos errores. El sector aporta alrededor de US$ 10 millones. En términos de recaudación, la agroindustria es irrelevante, pero US$ 1 millón para una empresa pequeña o mediana hace la diferencia entre ser viable o no”, asegura.
Entre las empresas más afectadas por esta regulación están Agrozzi (división agroindustrial de Carozzi), Sugal, Food Corp y Orafti, según detalla Mira.
Desde la compañía controlada por Gonzalo Bofill aseguran que “la ley está mal diseñada, porque se aplica por capacidad instalada y no por emisión de contaminantes, que sería lo lógico”. Así, creen que la ley castiga en exceso a firmas del sector que trabajan en peak solo tres meses al año y que requieren de una elevada instalación de potencia térmica.
Aseguraron que en 2017 pagaron US$ 380 mil por este concepto, muy por debajo de los US$ 1,5 millones al año que significa para Iansa.
Desde la industria agregan que esta normativa disminuye la competitividad, “limitando el crecimiento de un sector que da valor agregado a los productos agrícolas”.
En la presentación de ChileAlimentos a la Comisión de Agricultura del Senado, argumentaron que “no es posible traspasar este aumento de costos a precio final de exportación, lo que sí hace una empresa generadora, lo cual incluirá este sobrecosto en el precio final de la cuenta de luz”.
Y en el gobierno anterior tal fue el avance, que lograron llegar a conformar una mesa técnica con los ministerios de Hacienda, Economía y Medio Ambiente, carteras que, según el director de ChileAlimentos, Juan Manuel Mira, “reconocieron que había un efecto colateral no deseado, que era afectar a empresas industriales que operan sus calderas tres meses en el año”. Lo anterior, porque la regulación establece un límite de 50MWt, sin diferenciar entre los meses del año en que se emite.
Sin embargo, todo quedó en nada, luego de que Valdés y Céspedes dejaran sus respectivos ministerios.
Esperaron un par de meses para que se concretara la instalación del nuevo gobierno y el arribo de los senadores y diputados, y volvieron a la carga. Así, en abril comenzaron las reuniones con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y su jefe de gabinete; con el ministro de Economía, José Ramón Valente, y realizaron presentaciones a la Comisión de Agricultura del Senado.
“Esto no es un tema que inició Iansa, sino que toda la industria agroalimentaria está involucrada y con las respectivas hectáreas de agricultores que están involucradas. Debido al tema mediático y sensible que provoca el tema del cierre de la planta de Iansa, el gobierno ha afirmado su postura en favor de una modificación y esperamos que así sea”, dice Mira.
De hecho, en Hacienda indican que el tema está en estudio, pero no para eliminarlo, sino adaptarlo.
El director de ChileAlimentos es optimista y asegura que esperan que la modificación a la Ley 20.780 se realice entre los anuncios antes de septiembre, “con las medidas que permitan y contemplen estos errores. El sector aporta alrededor de US$ 10 millones. En términos de recaudación, la agroindustria es irrelevante, pero US$ 1 millón para una empresa pequeña o mediana hace la diferencia entre ser viable o no”, asegura.
Entre las empresas más afectadas por esta regulación están Agrozzi (división agroindustrial de Carozzi), Sugal, Food Corp y Orafti, según detalla Mira.
Desde la compañía controlada por Gonzalo Bofill aseguran que “la ley está mal diseñada, porque se aplica por capacidad instalada y no por emisión de contaminantes, que sería lo lógico”. Así, creen que la ley castiga en exceso a firmas del sector que trabajan en peak solo tres meses al año y que requieren de una elevada instalación de potencia térmica.
Aseguraron que en 2017 pagaron US$ 380 mil por este concepto, muy por debajo de los US$ 1,5 millones al año que significa para Iansa.
Desde la industria agregan que esta normativa disminuye la competitividad, “limitando el crecimiento de un sector que da valor agregado a los productos agrícolas”.
En la presentación de ChileAlimentos a la Comisión de Agricultura del Senado, argumentaron que “no es posible traspasar este aumento de costos a precio final de exportación, lo que sí hace una empresa generadora, lo cual incluirá este sobrecosto en el precio final de la cuenta de luz”.